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Seminario Internacional: "Desafíos para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia"

Memorias Seminario Internacional Desafíos para la reparación integral a las victimas del conflicto armado interno en Colombia


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Durante el seminario internacional, veintitrés analistas del más alto nivel expresaron sus percepciones y visiones sobre un tema bastante sensible. También se escucharon a las víctimas y a sus familiares, porque para reconstruir y conocer la verdad del conflicto en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, es preciso buscarla en las historias de vida de aquellos que han sufrido y sufren la violencia, tal como lo ha señalado la organización Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Colombia.


Sin duda, los logros más importantes de la Constitución de 1991 fueron la incorporación del concepto del Estado Social de Derecho y la supremacía de los Derechos Humanos, que hoy ocupan un lugar preeminente en nuestro orden constitucional y legal. El Estado Social de Derecho significa que el Estado es el responsable del goce efectivo de los derechos y que los gobiernos deben garantizar su acceso real a todas y todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distingo o discriminación.

En este contexto, el de la defensa y promoción de los derechos humanos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es ciertamente otro hito. Aunque varias organizaciones sociales han expresado algunos reparos a su articulado, muchos de los cuales fueron conciliados antes de su sanción presidencial, su sola aprobación y sanción gubernamental es de la mayor relevancia, pues está enfocada a saldar una deuda histórica, como lo señaló el presidente de Colombia, doctor Juan Manuel Santos.

La 1448 tiene otros grandes logros: el reconocimiento que hace el Estado de las víctimas y sus derechos y, fundamentalmente, el cambio de perspectiva: el que las víctimas ya no sean señaladas de terroristas; que se reconociera que hay un conflicto armado en el país y que los desplazados son llamados migrantes. Se está frente a una oportunidad única para resarcir años de violencia y desidia estatal frente a las víctimas del conflicto. Naturalmente, la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras supone varios retos, entre los cuales se destacan la seguridad de los reclamantes de las tierras, la conciliación entre poseedores y campesinos, las tensiones entre los reclamantes, y la adecuación de la institucionalidad.

Se cuenta, en todo caso, con los instrumentos jurídicos para allanar el camino hacia el reconocimiento de las víctimas, sin importar quién o quiénes fueron sus victimarios; ya se les reconoce derechos, se les otorga prioridades en el acceso a los servicios del Estado y se las convierte a ellas y sus familiares en acreedores de una reparación integral.

La experiencia internacional dejó una serie de reflexiones: que cualquier conflicto armado afecta el desarrollo de las sociedades, y que recuperar  el tejido social con su propia identidad, usos y costumbres, requiere inversiones en tiempo, en recursos económicos y la disposición y participación conjunta de todos los actores.

Sin embargo, una de las conclusiones de este encuentro, quizás la más destacada, es que escuchar la "verdad de las víctimas" debe constituirse en un imperativo ético y moral. El Estado debe ser flexible frente a sus procesos y protocolos para que las víctimas no sean revictimizadas; el beneficio del resarcimiento, ya sea económico, social, psicológico o simbólico, debe aplicarse a cualquier tipo de víctima, independientemente del hecho violento que la puso en esa condición.

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